Los colegios, como Hacienda, somos todos

En España hay, aproximadamente, 1.300.000 profesionales colegiados. Para muchos (médicos, abogados, farmacéuticos, enfermeras, psicólogos, arquitectos, veterinarios, ingenieros, etc.), la colegiación es un requisito imprescindible para poder ejercer la profesión, así que, de mejor o peor grado, cada año todos pagamos nuestras cuotas al colegio al que pertenecemos. Estos, a su vez, ingresan una parte no pequeña de ellas en las arcas del consejo general correspondiente.

En estos meses, todos los ciudadanos de bien estamos cumpliendo con nuestra obligación de hacer la declaración del IRPF y liquidar nuestras cuentas con Hacienda.

Hay una cosa que todos los colegiados españoles tenemos clara y es que el importe de nuestros pagos anuales al colegio, lo podemos deducir (con el límite de 500€) en la Declaración de la Renta. ¿Os imagináis la cantidad de millones que hacienda deja de ingresar por este concepto al ser 1.300.000 colegiados?

Deducción final

Obviamente, esto significa que los colegiados adelantamos parte del dinero con el que financian su actividad los colegios profesionales y los consejos de colegios, pero en realidad a ambos los mantenemos entre todos.

¿Quiere esto decir que la actividad económica de los colegios profesionales y sus consejos, está perfectamente controlada por los ciudadanos que los financian? Cualquier persona razonable pensaría que sí, pero las cosas en España no son habitualmente tan razonables…

Hace algo más de un año, un fisioterapeuta colegiado recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), porque no conseguía que el Consejo General de Fisioterapeutas le proporcionase la información económica que solicitaba y que legalmente tenía derecho a conocer.

Esta imagen refleja todas las peticiones que realizó:

2 Fisios 1

3 Fisios 2

El 17 de junio de 2015, el CTBG, mediante la resolución R0046/2015, instaba al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España a facilitar al reclamante toda la información solicitada:

4 Fisios 3

En aquel momento, muchos profesionales colegiados nos las prometimos muy felices, porque creímos que se había iniciado el camino para terminar con la opacidad de los colegios profesionales y, sobre todo, de algunos consejos generales.

Sin embargo, un año después, hemos vuelto cruelmente a la realidad con la Resolución R/0081/2016, que, en respuesta a exactamente la misma petición por parte de una enfermera, con respecto a la información económica del Consejo General de Enfermería, indica que casi todas las actuaciones de carácter económico de los consejos (que son, no lo olvidemos, corporaciones de derecho público), son actos privados y que por lo tanto, no están afectados por la Ley de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno (LTAIBG).

Tras 11 folios de argumentación jurídica, la resolución dice esto:

5 Vic 1

6 Vic 2

Veamos, pues, a qué se refiere el Fundamento Jurídico 14:

7 Vic 3

8 Vic 4

Exclusivamente esto es lo que el CTBG puede hacer que publique el CGE. Nada sobre su presupuesto, ni sobre el estado de ejecución del mismo, ni sobre sus cuentas anuales (la publicación de estas últimas, ya es legalmente obligatoria, pero…)

Resumiendo: si los colegios profesionales y los consejos generales de colegios se saltan la ley y no publican la información a que esta les obliga, si los colegiados, o la sociedad que paga una parte en última instancia, quieren conocerla y si la LTAIBG no les afecta y por ello el Consejo de Transparencia no puede instarles a que la proporcionen, ¿qué opción nos queda a los colegiados?, ¿acudir sistemáticamente a los tribunales?

Conocemos los teóricos beneficios de la colegiación y hasta podría parecernos razonable que, para unas concretas actividades, fuese obligatorio pertenecer a un colegio profesional. Pero si a determinados profesionales la ley nos obliga a colegiarnos para poder ganarnos la vida, esa misma ley debería protegernos de los abusos y desmanes de quienes usan , presuntamente, nuestros órganos representativos en beneficio propio.

La solución no puede ser el recurso sistemático a los tribunales para que se respeten nuestros derechos. Y no puede serlo, porque sería una pelea de David contra Goliat. Los colegios profesionales y los consejos generales que los agrupan, son organismos con recursos económicos casi ilimitados y con enormes equipos jurídicos que trabajan para ellos. Los interminables plazos de la justicia española actúan a su favor y tienen todo el tiempo del mundo para pleitear… El resultado es, pues, la indefensión absoluta de los colegiados en relación a los colegios a los que (no nos cansamos de repetirlo) obligatoriamente hemos de pertenecer.

A principios de 2015, el Partido Popular guardó en un cajón su anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios Profesionales. La retirada de este anteproyecto, que no contentaba a (casi) nadie, fue jubilosamente celebrada por algunos. Desde ese momento, prácticamente no se ha vuelto a mencionar el tema…

Los colegiados, somos también votantes y con las Elecciones Generales a la vista, el 26 de este mismo mes de junio, sólo hay dos partidos políticos, Podemos y Ciudadanos, que consideran el asunto una prioridad…

9 Censo

¿Ni al PSOE, ni al PP, les parece prioritario algo que incumbe a 1.300.00 votantes y que finalmente pagamos entre todos?

Habrá que pensar en ello antes de depositar nuestro voto…

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.